la siguiente,

especial de arrendamiento de inmuebles urbanos y suburbanos destinados a

vivienda, ya sean arrendados o subarrendados total o parcialmente; en el marco

de la novedosa legislación y Política Nacional de Vivienda y Hábitat, como un

sistema integrado dirigido a enfrentar la crisis de vivienda que ha afectado a

nuestro pueblo como consecuencia del modelo capitalista explotador y

excluyente; con el fin supremo de proteger el valor social de la vivienda como

derecho humano y la garantía plena de este derecho a toda la población;

contrarrestando la mercantilización y la especulación económica con la vivienda,

que la convierte en un medio de explotación y opresión del ser humano por el ser

humano; y promoviendo relaciones arrendaticias justas conforme a los principios

del Estado democrático y social, de derecho y de justicia, cumpliendo el mandato

de refundación de la República, establecido en la Carta Magna.

integral y efectiva del derecho a la vivienda adecuada y un hábitat digno, y se

declara de interés público general, social y colectivo toda materia relacionada

con los arrendamientos de inmuebles destinados a vivienda, pensión, habitación

o residencia; a tal efecto, el Ejecutivo Nacional tomará en esta materia las

medidas que permitan desarrollar las bases y mecanismos que garanticen a todas

las familias, ciudadanos y ciudadanas, el goce del derecho humano a una

vivienda y hábitat en condiciones dignas que humanice las relaciones familiares,

vecinales, comunitarias y sociales de acuerdo a la Constitución de la República y

la ley.

contratos en materia de arrendamiento de vivienda, se rigen conforme a los

principios de justicia social, igualdad, equidad, solidaridad, corresponsabilidad,

diversidad cultural, progresividad, transparencia, responsabilidad social,

sostenibilidad, participación, cogestión y control social, defensa y protección

ambiental, protección de la salud, garantía de los derechos del hogar, la familia,

la maternidad, la paternidad de los niños, niñas, adolescentes y de toda persona

en situación de vulnerabilidad, a los fines de asegurar el desarrollo humano

integral, la consolidación y protección de la familia, así como el bienestar

comunitario y social en la búsqueda del buen vivir.

viviendas, pensiones, residencias o habitaciones, en el marco de la garantía

integral del derecho a la vivienda y el hábitat, concebido como:

1. Una vivienda transitoria hacia la vivienda digna definitiva de las familias y

las personas, que se ve satisfecha con el acceso de todos y todas a la

propiedad de una vivienda digna y adecuada, conforme al mandato

constitucional, los derechos humanos y las leyes nacionales.

2. Una respuesta a las necesidades de estadía transitoria para las familias y

personas, por razones de estudio, trabajo u otras, propias de la movilidad

social.

3. Un medio para el uso responsable de la propiedad de viviendas, en tanto

constituye una forma de poner la vivienda al servicio de la sociedad, cuando

no se tiene disposición inmediata de ocupar o vender un bien de supremo

interés social; siendo contrario a la Constitución de la República y a esta Ley

las prácticas de acaparamiento y especulación en el sector inmobiliario.

una contribución tributaria especial para los propietarios, que será establecida

por ley y determinada por el órgano encargado de velar por su cumplimiento,

como medida para promover el arrendamiento de viviendas desocupadas que no

se ofrezcan en venta, atendiendo a las necesidades sociales en la materia. Se

promoverá, igualmente, la liberación de cargas tributarias sobre la propiedad de

inmuebles que sean arrendados como parte de las políticas de estímulo.

arrendamiento, persiguen como fines supremos:

1. Promover el arrendamiento socialmente responsable, como vivienda

complementaria y transitoria en la protección y garantía del derecho humano

a una vivienda digna y adecuada para todas las personas y familias; de

conformidad con la Constitución de la República, las leyes y políticas

nacionales en materia de vivienda y hábitat, como parte de un sistema

integrado orientado a responder a la crisis de vivienda que vive nuestro

pueblo.

2. Garantizar que las familias y las personas no pasen más de diez años en

condición de arrendatarios o arrendatarias, promoviendo la disminución

progresiva de este plazo; a través del acceso de los arrendatarios y

arrendatarias a la propiedad de las viviendas, conforme a lo establecido en el

artículo 82 de la Constitución de la República y demás leyes que rigen la

materia, así como en el marco de la Gran Misión Vivienda Venezuela, dando

prioridad a aquellas familias que se encuentren en riesgo vital y las que

tengan mayor número de años viviendo en condición de arrendatarios o

arrendatarias, por no tener vivienda propia.

3. Generar un marco jurídico y políticas públicas para el establecimiento de

relaciones arrendaticias justas, que procure el bienestar social y seguridad

jurídica de las partes en la relación arrendaticia. Estableciendo y garantizando

deberes y derechos de arrendadores, arrendatarios y arrendatarias, como

sujetos beneficiarios y corresponsables del sistema público para la

regularización y control de los arrendamientos de vivienda.

4. Brindar protección especial por parte del Estado, con la corresponsabilidad de

la sociedad, a las familias y personas que viven en condición de arrendatarios

o arrendatarias, siendo considerado un sector vulnerable en tanto no tenga

acceso a la propiedad de la vivienda; especialmente cuando sea manifiesta la

condición de débil económico y por ende jurídico; susceptible de soportar

relaciones de explotación, discriminación o sometimiento para acceder a una

vivienda transitoria. Promoviendo, igualmente, la protección de los pequeños

arrendadores que respondan a la condición de débiles económicos y jurídicos.

5. Promover una política de seguridad social del arrendatario o arrendataria,

complementario a la política habitacional que hace parte de la seguridad

social de los trabajadores y trabajadoras. Estableciendo a su vez políticas de

protección a los pequeños arrendadores responsables, que puedan verse

afectados o afectadas en una relación arrendaticia por incumplimiento o

incapacidad económica del arrendatario o arrendataria de acuerdo a la

Constitución de la República y la ley.

6. Que prive la justicia sobre las formalidades jurídicas y la realidad sobre las

formas y apariencias; especialmente cuando las formas y apariencias que se

adopten estén dirigidas a menoscabar el interés social o los derechos de los

particulares en el goce del derecho a la vivienda, estableciendo por tanto

responsabilidades penales o pecuniarias según la gravedad del caso. Así como

establecer estrictos controles en el cambio del uso de los inmuebles

destinados a vivienda, que busquen evadir las responsabilidades inherentes a

la propiedad de dichos bienes; considerándose preferente el destino para

vivienda o habitación de acuerdo a la Constitución de la República y las

leyes.

7. Combatir el acaparamiento, la desocupación y mercantilización de viviendas;

así como la especulación, discriminación y relaciones de explotación del ser

humano por el ser humano, asociadas al arrendamiento de vivienda.

8. Prohibir la discriminación y brindar protección a quienes se encuentren en

especial situación de vulnerabilidad, o susceptibles de ser discriminados o

discriminadas por: orientación sexual, identidad de género, origen étnico,

preferencia política y religiosa, condición económica, estado civil, edad, clase

social, estado de salud y condición física, entre otros.

9. Promover la participación popular, la cogestión y la corresponsabilidad social

en la planificación, ejecución y control de la política nacional en materia de

arrendamiento de vivienda como parte integral de las políticas nacionales de

vivienda y hábitat; así como en la resolución alternativa de conflictos en

materia arrendaticia, a través de los medios alternativos de justicia

establecidos en la Constitución de la República y leyes nacionales.

10.Garantizar la libertad de los particulares para celebrar contratos de

arrendamiento a tiempo determinado o indeterminado, de conformidad con la

voluntad de las partes, sujeto a los límites establecidos en esta Ley y demás

leyes nacionales, gozando los arrendatarios y arrendatarias del derecho a la

preferencia arrendaticia.

11.Preservar y garantizar la seguridad jurídica y la mayor estabilidad de las

familias y las personas, en la tenencia de las viviendas que constituyen el

asiento principal del hogar. Se podrán crear beneficios dirigidos a estimular

los contratos a tiempo indeterminado o con mayor plazo, como puede ser una

menor carga tributaria o una disminución en la contribución social que genera

la relación arrendaticia para la seguridad habitacional.

12.Erradicar los desalojos arbitrarios y combatir toda forma de presión y

amenazas de desalojo por los particulares; así como las que fueren realizadas

por servidores públicos y servidoras públicas, que no se encuentren

fundamentadas en decisiones administrativas o judiciales, o resulten fuera de

sus competencias; estableciendo sanciones severas en esta materia.

13.Garantizar los derechos de las personas, víctimas de desalojos arbitrarios,

restituyéndolas en sus viviendas siempre que fuere posible u ofreciéndoles

alternativas para la constitución de su hogar en otra vivienda, que no

desmejore su condición de vida.

14.Que el canon de arrendamiento esté dirigido principalmente a cubrir gastos

por deterioros del inmueble, gastos administrativos del Estado y de los

particulares, producto de la relación arrendaticia, conteniendo un margen de

ganancia, especialmente cuando comporten para el arrendador la prestación

de un servicio (caso de pensiones o residencias estudiantiles); y en los demás

casos, conforme sea definido por el ente rector en la materia, como parte de

una política de estímulo al arrendamiento, en el marco de los límites

establecidos en la ley.

15.Prohibir el aprovechamiento de la inversión pública en servicios y obras, en

la zona donde se encuentra ubicado el inmueble, para encarecer los costos del

alquiler.

16.Garantizar que el arrendamiento de viviendas, habitaciones, residencias y

pensiones no se constituya en una relación de explotación que comporte para

los arrendatarios y arrendatarias la pérdida de una parte sustancial de su

salario básico, necesario para la manutención, o que implique la pérdida de la

capacidad de ahorro para la adquisición de su vivienda propia.

17.Establecer normas específicas para el alquiler en pensiones, habitaciones y

residencias estudiantiles que garanticen los derechos de estos sectores en sus

particulares condiciones.

18.Crear un nuevo órgano en materia de arrendamiento de vivienda, que asuma

la rectoría en esta materia, generando capacidad de respuesta efectiva con la

participación protagónica del pueblo en la gestión.

19.El órgano encargado en materia de arrendamiento de vivienda velará por el

cumplimiento de estos fines, con el objeto de lograr su implementación

progresiva, acompañada de una política de información y formación en la

materia de los servidores públicos y servidoras públicas, así como de la

ciudadanía en general.

20.Establecer un conjunto de sanciones e indemnizaciones desde una visión

preventiva y restitutiva, tendientes a generar que los ciudadanos y ciudadanas

se abstengan de violar esta Ley, y que se vean obligados y obligadas a la

reparación de los daños causados a la sociedad, las familias y las personas

con sus acciones; se establecerán responsabilidades penales en los casos que

se atente o lesionen derechos esenciales de las familias y las personas.

obligatorio cumplimiento, y se aplicarán en todo el territorio de la República.

A tal fin, los arrendamientos o subarrendamientos de los inmuebles destinados a

vivienda, habitación, residencia o pensión, de los anexos y accesorios que con

ellos se arrienden, quedan sujetos a regulación bajo las condiciones determinadas

en esta Ley.

sobre el cual se asienta el hogar para la satisfacción de las necesidades básicas

del ser humano.

vivienda temporal para el estudiante, bien sea habitación, casa, quinta,

apartamento, anexo de una vivienda, edificio o cualquier otra tipología de

vivienda establecida en esta Ley, que permita el desarrollo integral y progresivo

durante su formación. Dicha vivienda puede ser de carácter pública, privada o

mixta.

y asiento principal de persona o familia para su vivienda.

para servicios comunes, utilizadas de forma continua como vivienda.

mantener o reponer por el deterioro producido debido al uso cotidiano de la

vivienda, que no se corresponda con el desgaste propio del inmueble y su

estructura, y que son responsabilidad del arrendatario o arrendataria.

o derivado de vicios ocultos de las instalaciones y estructura del inmueble

destinado a vivienda, y que son responsabilidad del arrendador.

terceros, se dedica al arrendamiento de tres o más viviendas.

arrendamiento de una o dos viviendas.

cual se asienta su vivienda.

arrendamiento o subarrendamiento de:

1. Los terrenos urbanos y suburbanos no edificados.

2. Las fincas rurales.

3. Los fondos de comercio.

4. Los hoteles, moteles, hosterías, paradores turísticos, inmuebles destinados a

temporadas vacacionales o recreacionales y demás establecimientos de

alojamiento turístico, los cuales estén sujetos a regímenes especiales, siempre

que acrediten su registro ante la autoridad competente.

5. Los inmuebles destinados a funcionamiento o desarrollo de actividades

comerciales, industriales, profesionales, de enseñanza y otras distintas de las

especificadas, ya sean arrendadas o subarrendadas totalmente o por partes.

vivienda, habitación o pensión, que sean consecuencia, o con ocasión, de una

relación laboral o una relación de subordinación existente. No así, a los efectos

de la fijación del canon de los inmuebles sujetos a regulación, cuando el valor

rental forme parte del sueldo o salario, sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley

Orgánica del Trabajo, con la excepción que establezca la presente Ley.

fijación de los cánones de arrendamiento, los inmuebles pertenecientes a la

República, a los estados, a los municipios y a los órganos y entes públicos que

determine expresamente el Ejecutivo Nacional, salvo en aquellos casos en los

cuales, con motivo de las actividades que se desarrollen en tales inmuebles, los

indicados órganos y entes actúen en función jurídico-privada.

secuestro sobre inmuebles destinados a vivienda, incluyendo la de los

trabajadores y trabajadoras residenciales, pensiones o habitaciones que se

constituyan en el hogar de personas y familias.

urbanas y suburbanas que no posean las condiciones elementales mínimas de

sanidad y habitabilidad, que representen riesgos para la seguridad, la salud y la

vida de las personas. Están comprendidas en este caso, especialmente, las

viviendas construidas con materiales inadecuados o perecederos, tales como:

tablas, latas y cartones; asimismo aquellos inmuebles producto de demoliciones

o de construcciones no culminadas que, a la simple observación, carecen de las

condiciones mínimas de seguridad para la garantía de la vida humana y,

adicionalmente, que carecen de servicios de infraestructura primaria.

En consecuencia, nadie estará obligado u obligada a pagar canon de

arrendamiento por viviendas de este tipo. No quedando estas relaciones

arrendaticias excluidas de la aplicación de esta Ley, en cuanto a la

responsabilidad y sanciones a que hubiere lugar, así como al disfrute de las

garantías y derechos a favor de los arrendatarios y arrendatarias

el arrendamiento de viviendas adjudicadas por el Estado, salvo los casos

autorizados por el órgano encargado con competencia en la materia, y en ningún

caso podrá tener fines de lucro. De violarse esta disposición, el órgano

competente en la materia deberá abrir el proceso administrativo a que diera

lugar, con el fin de aplicar las sanciones correspondientes.

otro medio de publicidad, en los cuales:

1. Se exija como condición para el arrendamiento o subarrendamiento de

viviendas, la circunstancia de no tener niños, niñas o adolescentes, de estar en

estado de gestación, la de ser extranjero o extranjera el arrendatario,

arrendataria, subarrendatario o subarrendataria, así como establecer

discriminación por: orientación sexual, identidad de género, edad, origen

étnico, preferencia política y religiosa, condición económica, estado civil,

clase social, profesión o condición social, y en otros casos de vulnerabilidad o

marginación, discapacidad, enfermedades terminales, entre otras.

2. Quienes solicitaren viviendas, expresen los señalamientos indicados en el

numeral que antecede.

3. Su texto contenga expresiones que violen o inciten a la infracción de las

disposiciones legales sobre la materia.

En la publicidad relativa a aquellas urbanizaciones, edificios, condominios,

conjuntos residenciales y otros, construidos y diseñados especialmente con la

finalidad de destinarlos al arrendamiento para personas de avanzada edad, o que

necesiten de un ambiente de gran tranquilidad y sosiego, podrá señalarse esta

circunstancia; el incumplimiento del presente artículo por parte del arrendador

dará origen a la imposición de sanciones de conformidad con la presente Ley.

inmuebles en oferta para el arrendamiento. La comisión por arrendar el inmueble

deberá ser imputada al arrendador. El incumplimiento de este artículo será

sancionado conforme a la presente Ley.

vivienda son de la competencia exclusiva del Poder Ejecutivo Nacional.

Se crea la Superintendencia Nacional de Arrendamiento de Vivienda, la cual

forma parte de la estructura del Ministerio del Poder Popular con competencia en

materia de vivienda y hábitat, correspondiéndole ejercer la rectoría en la materia

objeto de regulación en la presente Ley.

vivienda y hábitat, a través de la Superintendencia Nacional de Arrendamiento

de Vivienda, creará un sistema de coordinación nacional en la materia; con

instancias de representación en todas las entidades federales de la República, con

el objeto de garantizar el cumplimiento de las disposiciones contenidas en la

presente Ley; coordinar la aplicación en los municipios de la política referente a

la materia arrendaticia, con criterios de equidad, justicia y contenidos de interés

social, de conformidad con lo establecido en la Constitución de la República; así

como promover la participación popular en la planificación, ejecución y control

de la gestión pública en esta materia.

mediante su reglamento interno, establecerá una estructura organizativa racional

que le permita ejercer con eficacia sus funciones.

El reglamento interno de la Superintendencia Nacional de Arrendamiento de

Vivienda establecerá lo relativo al ingreso, ascenso, traslado, suspensión y retiro

de los funcionarios públicos y funcionarias públicas, conforme lo dispone la

Constitución de la República y la Ley del Estatuto de la Función Pública, así

como los límites a la incorporación de trabajadores y trabajadoras bajo el

régimen de la Ley Orgánica del Trabajo.

de Vivienda estará conformado por:

1. Las rentas, recursos, bienes y derechos que le asigne el Ministerio del Poder

Popular con competencia en materia de vivienda y hábitat, y otros órganos del

Ejecutivo Nacional de conformidad con el ordenamiento jurídico aplicable.

2. Los recursos y bienes que obtenga por el ejercicio de sus competencias.

3. El producto de lo recaudado por concepto de multas de su competencia.

4. Las donaciones, legados y demás liberalidades que le sean otorgadas.

Vivienda, ejercer la regulación, administración, supervisión, inspección, control

y sanción por parte del Estado a los arrendadores, arrendatarios o arrendatarias,

en cuanto al cumplimiento de las obligaciones establecidas en esta Ley. Teniendo

las siguientes atribuciones a su cargo:

1. Velar por el cumplimiento de los deberes, derechos y garantías contenidos en

la presente Ley.

2. Diseñar, implementar y evaluar los mecanismos de aplicación, control y

seguimiento de la presente Ley.

3. Fijar el canon de arrendamiento de los inmuebles regulados por la presente

Ley.

4. Realizar, a solicitud de parte o de oficio, los procedimientos administrativos

contenidos en la presente Ley.

5. Requerir a las personas y entidades sometidas a la regulación y control de la

Superintendencia, cuando fuere necesario y dentro del límite de las funciones

que le confiere la ley, los datos o documentos sobre sus cualidades y la

relación arrendaticia, así como certificar la colaboración o no, por parte del

sujeto investigado.

6. Realizar la inspección y fiscalización de los inmuebles y personas sujetas a la

presente Ley, a los fines de la aplicación de la misma.

7. Efectuar los procedimientos para la determinación de ilícitos sancionados por

la presente Ley, así como el incumplimiento de los deberes y derechos en ella

establecidos.

8. Imponer las sanciones y determinar las indemnizaciones a que hubiere lugar,

de conformidad con lo establecido en la presente Ley.

9. Proveer, en coordinación con las direcciones correspondientes del Ministerio

del Poder Popular con competencia en materia de vivienda y hábitat, de

refugio o vivienda, transitoria o definitiva, al sujeto afectado por el desalojo y

su grupo familiar, si éste comprobare que no tiene lugar donde habitar.

10.Diseñar y ejecutar la política de información y formación en materia de

arrendamiento de vivienda, de los servidores públicos y servidoras públicas,

así como de la ciudadanía en general.

11.Proveer al Ejecutivo Nacional de la información y recomendaciones

necesarias en esta materia, para la definición de los planes nacionales en

materia de vivienda y hábitat como un sistema integrado.

12.Generar, en conjunto con las organizaciones sociales creadas para la

protección de los derechos de los arrendatarios y arrendatarias, políticas

públicas que permitan fomentar el acceso a una vivienda adecuada, segura,

cómoda, con servicios básicos esenciales que incluya un hábitat que

humanice las relaciones familiares, vecinales y comunitarias.

13.Crear el Registro Nacional de Arrendamiento de Viviendas, establecer su

normativa, administrarlo y ejercer las funciones de seguimiento y control

sobre éste; partiendo de un Registro Nacional de Relaciones Arrendaticias, de

actualización permanente.

14.Solicitar a los sujetos de la presente Ley, la información que estime pertinente

a los fines del ejercicio de sus competencias y, en especial, de las atribuciones

de control y fiscalización que le han sido otorgadas por esta Ley.

15.Revisar y controlar los contratos de arrendamiento destinados a vivienda,

estableciendo en el registro nacional una base de datos de contratos de

arrendamiento.

16.Realizar inspecciones en las viviendas que estén destinadas al uso del

arrendamiento, a fin de validar su estado de conservación en el

mantenimiento primario y preventivo, además de corroborar el fiel

cumplimiento de lo establecido en la presente Ley.

17.Las demás atribuciones que le sean propias, de conformidad con lo

establecido en esta Ley.

como órgano de control y revisión, debe verificar que los contratos escritos

cumplan con todos los parámetros establecidos en esta Ley. Especialmente en lo

que se refiere a las condiciones del arrendamiento y el canon, que debe ser

calculado por los métodos contenidos en la presente Ley.

Arrendamiento de Vivienda, los datos que sean requeridos a los efectos del

Registro Nacional de Arrendamiento de Vivienda.

inclusión en el Registro Nacional de Arrendamiento de Vivienda, de sus

respectivos contratos, dando cuenta por escrito al arrendador de los datos

remitidos.

presente Ley, por parte del arrendador, dará origen a que se le imponga una

multa de conformidad con las sanciones previstas en esta Ley.

tendrá las más amplia facultades de inspección y fiscalización en el ejercicio de

las competencias que le han sido otorgadas mediante la presente Ley, así como

las que le correspondieren de conformidad con el ordenamiento jurídico vigente.

órgano adscrito al Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de

vivienda y hábitat, estará a cargo del o de la Superintendente Nacional de

Arrendamiento de Vivienda, cuyo nombramiento y remoción compete al

Presidente o Presidenta de la República.

corresponde a los tribunales superiores en lo civil y contencioso administrativo,

en lo relativo a la impugnación de los actos administrativos emanados de la

Superintendencia Nacional de Arrendamiento de Vivienda; y en el resto del país,

la competencia corresponde a los juzgados de municipio o los de igual

competencia en la localidad de que se trate, en cuyo caso, a tales juzgados del

interior de la República se les atribuye la competencia especial contencioso

administrativo en materia inquilinaria.

El conocimiento de los demás procedimientos jurisdiccionales, a que se refiere

esta Ley, en materia de arrendamiento y subarrendamiento, será competencia de

la Jurisdicción Civil Ordinaria.

en materia civil y administrativa especial inquilinaria y para la defensa del

derecho a la vivienda, debe poner al servicio del sistema rector nacional para la

defensa de los derechos de los arrendatarios y arrendatarias y del derecho a la

vivienda, y de todos los ciudadanos y todas las ciudadanas, a nivel nacional, los

defensores públicos y defensoras públicas con dicha competencia en cada

localidad donde exista una unidad regional de la Defensa Pública o extensión de

la misma.

La máxima autoridad de la Defensa Pública designará defensores públicos y

defensoras públicas con competencia en materia civil y administrativa especial

inquilinaria y para la defensa del derecho a la vivienda, los cuales podrán tener

competencias en el ámbito local, regional o plena, a nivel nacional.

En el ejercicio de la competencia en materia civil y administrativa especial

inquilinaria, y para la defensa del derecho a la vivienda, será preeminente la

defensa de los derechos humanos de las personas que lo requieran.

competencias legalmente atribuidas a la máxima autoridad de la Defensa

Pública, para designar defensores públicos o defensoras públicas y asignar

competencias por la materia y el territorio, así como de las normativas internas

dictadas por la Defensa Pública con relación a la materia civil y administrativa

especial inquilinaria y para la defensa del derecho a la vivienda, los defensores

públicos y defensoras públicas con competencia en dicha materia, tendrán las

siguientes atribuciones:

1. Velar por la tutela judicial efectiva del derecho a la defensa, en los procesos

judiciales o administrativos relacionados con el respeto y la garantía del

derecho a la vivienda, previsto como un derecho humano en convenios

internacionales y en la Constitución de la República.

2. Orientar, asesorar, asistir y representar a todas las personas que lo requieran,

para la defensa de sus derechos, intereses y garantías en materia inquilinaria,

inmobiliaria y sobre asuntos del derecho a la vivienda.

3. Ejercer la defensa de los usuarios y usuarias del servicio, ante los tribunales

de municipios, primera instancia y superiores, así como ante los órganos

administrativos en la materia de su competencia.

4. Ejercer la acción de amparo constitucional y los recursos de nulidad ante el

órgano jurisdiccional competente, en defensa de los usuarios y usuarias que

vean afectados su derecho a la vivienda como arrendatarios o arrendatarias.

5. Promover las pruebas que sean necesarias para la mejor defensa de los

intereses de los afectados o afectadas.

6. Anunciar el recurso de apelación o de casación, de ser procedente, pudiendo

formalizar solamente el primero de ellos.

7. Informar al defensor público o defensora pública con competencia ante la

Sala de Casación correspondiente del Tribunal Supremo de Justicia, de los

recursos anunciados.

8. Ejercer las acciones de amparo contra las decisiones de los tribunales con

competencia en materia civil y mercantil, que amenacen o violen derechos o

garantías constitucionales y, de ser el caso, informar al defensor público o

defensora pública con competencia ante la Sala Constitucional del Tribunal

Supremo de Justicia, sobre la acción intentada.

9. Interponer los recursos administrativos contra las decisiones de los órganos

administrativos con competencia en la materia.

10.Levantar censos y estadísticas de las personas usuarias de este servicio, a los

fines de canalizar sus necesidades de vivienda ante los órganos competentes.

11.Practicar, a requerimiento de parte, inspecciones a los fines de asegurar el

respeto al derecho a la vivienda cuando se vulneren los derechos y garantías

de los arrendatarios y arrendatarias.

12.Promover y proponer las medidas que estime necesarias, para la protección de

sus asistidos o representados, a los fines de prevenir amenazas o violaciones

de sus derechos y garantías relacionadas con la materia objeto de la presente

Ley.

13.Cualquier otra que, a consideración de la máxima autoridad de la Defensa

Pública, sea necesaria para la defensa de los derechos e intereses de los

ciudadanos y ciudadanas que requieran el servicio.

14.Las demás que la atribuyan la Constitución de la República, la Ley Orgánica

de la Defensa Pública, su reglamento y normativas internas de la Defensa

Pública.

Administrativa Especial Inquilinaria y del Derecho a la Vivienda, es el conjunto

de órganos y entes que coordinan las acciones de interés público a nivel

nacional, destinadas a la protección y atención de todos los ciudadanos y

ciudadanas a quienes se les haya violentado tales derechos, y establecen los

medios para asegurar el goce efectivo de los mismos.

Administrativa Especial Inquilinaria y del Derecho a la Vivienda esta

conformado por:

1. El Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de vivienda y

hábitat.

2. La Superintendencia Nacional de Arrendamiento de Vivienda.

3. Los tribunales competentes en la materia.

4. El Ministerio Público.

5. La Defensa Pública, como órgano constitucional autónomo, y a través de los

defensores públicos y defensoras públicas con competencia en materia civil y

administrativa especial inquilinaria y para la defensa del derecho a la

vivienda.

6. La Defensoría del Pueblo.

Para el logro de sus objetivos, el Sistema Nacional para la Defensa en materia

Civil y Administrativa Especial Inquilinaria y del Derecho a la Vivienda

cumplirá con sus funciones y objetivos, a través de las competencias atribuidas a

cada uno de sus integrantes.

proteger a los arrendatarios y arrendatarias, son irrenunciables; será nula toda la

acción, acuerdo o estipulación que implique renuncia, disminución o menoscabo

de estos derechos; a tal efecto, todo acto dictado en ejercicio del Poder Público

que viole o menoscabe los derechos garantizados en la presente Ley, es nulo y

los servidores públicos y servidoras públicas que lo ordenen o ejecuten incurren

en responsabilidad penal, civil, administrativa, según los casos, sin que le sirvan

de excusa órdenes superiores.

en la obligación de tenerlos en buen estado de mantenimiento y conservación. A

estos efectos, deberán coordinar con las juntas de condominio o administradoras,

para que se contraten a personas especializadas en el servicio de mantenimiento

de ascensores, montacargas, incineradores, ductos de basura, tanques de agua,

equipos hidroneumáticos, sistema eléctrico, disposiciones pertinentes en lo

relativo a pintura y exigencias sanitarias de inmuebles. Todo ello sin perjuicio de

las estipulaciones que al respecto establezcan las partes. Los derechos y

obligaciones derivadas del incumplimiento de esta disposición, se regirán de

conformidad con lo establecido en el Código Civil y demás leyes u ordenanzas

aplicables.

arrendataria el inmueble dado en arrendamiento en buen estado de servicios,

seguridad y sanidad, así como poner a su disposición los servicios, cosas o usos

conexos y los adicionales, en la fecha convenida o en el momento de la

celebración del contrato.

los inmuebles, los servicios básicos, áreas comunes y adicionales, según lo

convenido en el contrato, para lo cual deberá coordinar con la junta de

condominio o la administradora.

vecindad, pensiones y habitaciones en viviendas particulares o de cualquier otra

porción de un inmueble arrendado, o subarrendado por partes, para ser habitado,

será responsabilidad del arrendador o subarrendador. El arrendador o

subarrendador que por la necesidad del arrendatario o arrendataria, incumpla este

artículo será sancionado de conformidad con la presente Ley. En caso de

inmueble unifamiliar el pago de los servicios públicos corresponderá al

arrendatario o arrendataria.

arrendador estará en el deber de solventarlas. En caso de ser llevadas a cabo por

el arrendatario o arrendataria, previa notificación al arrendador o en su defecto a

la Superintendencia Nacional de Arrendamiento de Vivienda, el costo de las

reparaciones serán deducibles al canon de arrendamiento.

En caso de ser necesario el traslado temporal del grupo familiar, por reparaciones

mayores y urgentes que pongan en riesgo la vida de los arrendatarios o

arrendatarias, deberá ser avalado por los órganos competentes en la materia y

garantizada la vivienda temporal al arrendatario o arrendataria, así como su

retorno al inmueble reparado en el lapso establecido por la Superintendencia

Nacional de Arrendamiento de Vivienda.

arrendado pasare a ser propiedad de otra persona natural o jurídica, el nuevo

propietario se subrogará totalmente de pleno derecho en la persona de los

propietarios o arrendadores anteriores, en todos y cada uno de los derechos y

obligaciones derivados de la relación arrendaticia existente y, por consiguiente,

las partes estarán obligadas a respetar dicha relación en los mismos términos

pactados, y las acciones relativas a la terminación de la misma sólo podrán

tramitarse conforme a las disposiciones contenidas en la presente Ley.

aquellos calculados según los métodos que esta Ley ofrece, o producto de una

regulación emitida por la Superintendencia Nacional de Arrendamiento de

Vivienda; los arrendadores que haciendo uso de la necesidad del arrendatario o

arrendataria, no cumplan con el presente artículo, serán objeto de sanción de

conformidad con la presente Ley, sin perjuicio del derecho que le asiste al

arrendatario y arrendataria de iniciar los procedimientos establecidos en esta

Ley.

originen por daños maliciosos causados por los arrendatarios o arrendatarias.

Estos daños deberán ser determinados por las autoridades competentes, las

cuales identificarán si fueron causados maliciosamente por el arrendatario o

arrendataria.

inmueble al arrendatario o arrendataria, durante el tiempo del contrato; el

incumplimiento del presente artículo por parte del arrendador dará origen a la

imposición de sanciones de conformidad con la presente Ley y el Código Civil.

de arrendamiento, que se haya fijado debidamente en el contrato, a tal efecto el

arrendador podrá acordar con el arrendatario o arrendataria la forma y

oportunidad en la que éstos o éstas deben cancelar dicho canon.

condiciones de uso, de acuerdo como lo arrendó, salvo el deterioro que sufre el

0

inmueble por vetustez. Es obligación del arrendatario o arrendataria entregar el

inmueble en buenas condiciones de uso de acuerdo como lo arrendó, salvo el

deterioro que sufre el inmueble por vetustez.

autorización expresa y escrita del arrendador, así como la cesión del contrato.

Los infractores o infractoras de esta disposición, serán objeto de sanción de

conformidad con la presente Ley. Sin perjuicio del derecho que asiste al

arrendador de solicitar la resolución del contrato.

subarrendados o dados en cesión, sin la autorización expresa y escrita del

arrendador o propietario, antes de la entrada en vigencia de la presente Ley, están

en la obligación de formalizar la relación arrendaticia con las personas que

ocupen en ese momento el inmueble, ante la Superintendencia Nacional de

Arrendamiento de Vivienda, en los términos establecidos de común acuerdo sin

menoscabo de los derechos adquiridos por el subarrendatario o subarrendataria,

cuya antigüedad de permanencia en el inmueble deberá ser reconocida por el

arrendador, previa certificación, mediante documento público o privado.

contrato escrito, según acuerdo voluntario entre las partes; el mismo deberá ser

público, a tal efecto las notarías públicas y los registros con funciones notariales

deberán exonerar de todo gravamen estas actuaciones. Los arrendadores que

hagan caso omiso de lo dispuesto en el presente artículo, serán objeto de sanción

conforme lo dispone la presente Ley.

canon de arrendamiento de conformidad con lo dispuesto en la presente Ley, a

tal efecto, no estará obligado u obligada a:

1. Pagar un canon superior al que arroje la aplicación de la fórmula del justo

valor, establecido en esta Ley y fijado por la Superintendencia Nacional de

Arrendamiento de Vivienda.

1

2. Aceptar la condición de la compra o arriendo de bienes muebles que se

encuentren en el área que se pretende arrendar, para la suscripción del

contrato.

Los arrendadores que hagan caso omiso de lo dispuesto en el presente artículo

serán objeto de sanción conforme lo dispone la presente Ley.

capacidad de cancelar un canon de arrendamiento mensual, deben inscribirse en

la Superintendencia Nacional de Arrendamiento de Vivienda.

sentencia firme para desalojar la vivienda y manifestaren y comprobaren ante la

Superintendencia Nacional de Arrendamiento de Vivienda no tener lugar donde

habitar, el órgano competente en la materia de vivienda y hábitat se encargará de

proveerle un refugio temporal o la adjudicación de una vivienda digna definitiva,

en cualquier lugar del país, sin menoscabar las relaciones familiares, de trabajo y

de estudio.

arrendador se obliga a transferir temporalmente el uso y goce de un inmueble a

un arrendatario o arrendataria, de manera pacífica, quien a su vez se obliga a

pagar un canon, el cual deberá cumplir con las formalidades establecidas en la

presente Ley.

año, los cuales podrán ser renovados por preferencia del arrendatario o

arrendataria. Pudiendo el arrendatario o arrendataria manifestar antes de la

culminación del lapso, su voluntad de no continuar con el contrato sin perjuicio

de tener que pagar indemnizaciones o cánones restantes.

2

extender tres ejemplares en original de un mismo tenor, de los cuales uno será

para el arrendador, uno para el arrendatario o arrendataria, y uno para la

Superintendencia Nacional de Arrendamiento de Vivienda.

integral, la resolución mediante la cual la Superintendencia Nacional de

Arrendamiento de Vivienda fija el correspondiente canon de arrendamiento, so

pena de nulidad; los arrendadores que hagan caso omiso de lo dispuesto en el

presente artículo serán objeto de sanción, conforme lo dispone la presente Ley.

Los arrendadores que incumplan con lo establecido en el presente artículo,

deberán otorgar un nuevo contrato a los arrendatarios o arrendatarias conforme

lo dispone la presente Ley.

legal nacional; los arrendadores que hagan caso omiso de lo dispuesto en el

presente artículo serán objeto de sanción, conforme lo dispone la presente Ley.

Aquellos contratos que se celebraron en moneda extranjera antes de la entrada en

vigencia de la presente Ley, se adecuarán a las formalidades establecidas en ésta,

en un lapso de treinta días continuos a partir de su entrada en vigencia.

judicial donde se encuentre el inmueble.

vivienda arrendada, sea esta disolución ocasionada por divorcio, separación

judicial, nulidad del matrimonio o finalización del concubinato, y el cónyuge,

concubino, concubina o miembro del grupo familiar que fuera el arrendatario o

arrendataria de la vivienda, decidiera mudarse de esa vivienda, manifestase su

voluntad de no renovar el contrato o lo desistiera, el otro cónyuge, concubino,

concubina o miembro del grupo familiar, que conviviera con el arrendatario o

arrendataria, tendrá derecho a permanecer en esa vivienda, con el contrato

subrogado a su nombre, y con los mismos deberes y derechos aceptados en la

relación arrendaticia.

3

A tales efectos, deberá el cónyuge, concubino, concubina o miembro del grupo

familiar no arrendatario, que desee continuar haciendo uso de esa vivienda,

manifestar su voluntad de subrogarse el contrato, por escrito en documento

autenticado y dentro de un plazo de sesenta días a partir del momento en que

ocurra la disolución del grupo familiar.

subrogarse la relación arrendaticia los ocupantes beneficiarios o beneficiarias del

inmueble, quienes prueben una permanencia pacífica y continua en la vivienda,

debiendo cumplir los términos expuestos en el contrato. Esta situación será

homologada por la Superintendencia Nacional de Arrendamiento de Vivienda, en

un plazo no mayor a treinta días hábiles del fallecimiento del arrendatario o

arrendataria.

la presente Ley se declarará nulo, al demostrar el arrendatario o arrendataria la

existencia de una relación arrendaticia de vivienda. Sin menoscabo de perjudicar

la antigüedad en la relación. Los arrendadores que incurran en la falta establecida

en este artículo serán sancionados de conformidad con lo establecido en la

presente Ley.

para el uso estudiantil, deberá estar registrado como arrendador de vivienda

estudiantil, ante la Superintendencia Nacional de Arrendamiento de Vivienda.

La Superintendencia Nacional de Arrendamiento de Vivienda deberá diseñar una

política de beneficios, dirigidos a promover el arrendamiento de vivienda

estudiantil, debiendo realizar convenios con organizaciones sociales,

instituciones públicas, privadas y personas naturales o jurídicas, en satisfacción

al derecho de una vivienda digna y adecuada para los estudiantes.

4

habitabilidad, necesarios para el estudio, desarrollo integral en armonía y el

esparcimiento del estudiante, que permita satisfacer sus necesidades básicas tales

como: la cocina para la alimentación, sanitario para el aseo personal, el

dormitorio para el descanso, entre otros, debiendo estar garantizada la privacidad

del estudiante por parte del arrendador de vivienda estudiantil.

normas internas, definidas por el acuerdo entre el arrendador y los estudiantes

arrendatarios o arrendatarias, sin atentar el principio de respeto mutuo y de

convivencia, pudiendo participar los consejos comunales o consejos estudiantiles

y las organizaciones protectoras de los derechos de los estudiantes, debiendo

dicha normativa ser homologada por la Superintendencia Nacional de

Arrendamiento de Vivienda, una vez acordada.

Las normas de convivencia serán elaboradas y deberán estar suscritas sobre la

base del contrato de arrendamiento, y actualizadas para mejorarlas anualmente o

a solicitud de los estudiantes arrendatarios, arrendatarias o el arrendador, cuando

así lo consideren por mutuo acuerdo o cuando sea expresada la necesidad de

modificación por una de las partes. En caso del incumplimiento de algunas de las

partes, se exigirá el cumplimiento ante la Superintendencia Nacional de

Arrendamiento de Vivienda.

arrendatarias:

1. El uso, goce y disfrute de las áreas comunes, así como de los servicios

básicos con los que cuente el inmueble sobre el cual se constituye la vivienda

estudiantil.

2. El respeto a la privacidad, integridad, salud física y psicológica de los

estudiantes arrendatarios o arrendatarias, por parte del arrendador de vivienda

estudiantil.

3. El libre desenvolvimiento de la personalidad y la utilización del tiempo, los

cuales no podrán ser restringidos a causa del horario de entrada, salida y

permanencia en la vivienda estudiantil, sin que ello implique el menoscabo de

las normas de convivencia establecidas.

4. Cualquier otro inherente a las personas, establecidos por el ordenamiento

5

jurídico vigente y los tratados internacionales firmados y ratificados por la

República.

al principio de respeto mutuo y convivencia:

1. Conocer, respetar y cumplir las normas de convivencia en la vivienda

estudiantil.

2. Cuidar y colaborar con el mantenimiento del buen estado de los espacios de

la vivienda estudiantil.

3. El respeto a la intimidad y privacidad del arrendador o arrendadora y su

familia.

estudiantil, deberán tomar en consideración el tiempo de duración del programa

de estudio.

físico sobre el cual se constituye el dormitorio individual deberá tener como

esta Ley como necesaria para el desarrollo integral y progresivo durante la

formación del estudiante.

El dormitorio colectivo de la vivienda estudiantil, deberá tener como mínimo

de Vivienda, la fijación del canon de arrendamiento de los inmuebles regulados

por la presente Ley.

6

efectuarse dentro de los primeros cinco días hábiles al vencimiento de cada mes.

En ningún caso podrá el arrendador exigir el pago anticipado de cánones de

arrendamiento.

bancaria que debe abrir el arrendador para tal fin, la cual no podrá ser clausurada

durante la relación arrendaticia.

No se considerará en morosidad al arrendatario o arrendataria cuando el

arrendador haya clausurado la cuenta corriente y éste no podrá demandar la falta

de pago, así mismo, no podrá solicitarle al arrendatario o arrendataria el

cumplimiento de sus obligaciones, hasta que se abra nuevamente la cuenta

corriente y el pago se realizará desde el momento en que ésta se encuentre

operativa.

arrendataria un recibo de pago, salvo que se hubiera pactado que éste se realice

mediante procedimiento que acredite el efectivo cumplimiento de la obligación

de pago por el arrendatario o arrendataria. El recibo o documento acreditativo

que lo sustituya, deberá contener separadamente las cantidades abonadas por los

distintos conceptos de los que se componga la totalidad del pago, y

específicamente el canon en vigor.

artículo 68 cuando:

1. Se haya terminado la relación arrendaticia.

2. Se haya declarado con lugar el desalojo del inmueble por cualesquiera de las

causales establecidas en la presente Ley y la decisión haya quedado

definitivamente firme.

7

no comparezca, o no se encuentre identificado, la Superintendencia Nacional de

Arrendamiento de Vivienda y el arrendatario o arrendataria suscribirán el

acuerdo establecido en el artículo 68, a favor del propietario o herederos del

inmueble, mientras éstos comparecen, salvo las excepciones que establezca la

ley o por concepto de herencia yacente. Los intereses generados producto del

depósito del pago del canon de arrendamiento, serán en función del Fondo de

Protección al Inquilino o Inquilina y al Pequeño Arrendador.

correspondientes al canon y a las otras obligaciones contraídas, en una cuenta

que haya sido clausurada por una intervención financiera de la entidad bancaria o

por alguna investigación judicial, deberá notificar de esta situación, en un lapso

de treinta días hábiles, a la Superintendencia Nacional de Arrendamiento de

Vivienda, para que ésta disponga lo conducente y el arrendatario o arrendataria

pueda cumplir con su obligación de pago.

Superintendencia Nacional de Arrendamiento de Vivienda deberá utilizar los

elementos científicos que se enuncian en este artículo, así como cualquier otro,

en función de mejorar la fórmula que se establezca a favor del justo valor y la

garantía de los fines supremos en materia de arrendamiento establecidos en esta

Ley.

1. Valor de reposición.

2. Dimensiones del inmueble.

3. Valor de depreciación.

4. Vulnerabilidad sísmica.

5. Región geográfica.

determinado por el valor de construcción en la actualidad, el cual será fijado

anualmente por el Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de

vivienda y hábitat; dicho valor deberá ser expresado en bolívares por metro

cuadrado. A tal efecto, la determinación del costo en bolívares estará en

8

concordancia con las políticas nacionales que garanticen un costo real, según las

regulaciones que el Estado establezca, contrarrestando la especulación

económica y garantizando el pleno derecho a la vivienda de toda la población.

El Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de vivienda y

hábitat emitirá una tabla con los tipos de vivienda, según aspectos constructivos

que tomarán en cuenta su estructura, paredes, techo, piso, instalaciones

sanitarias, instalaciones eléctricas, instalaciones mecánicas, aguas servidas,

puertas, ventanas y cualquier otro detalle que distinga al inmueble. Sobre dicha

tabla se establecerán los elementos científicos referidos en el artículo anterior

para la determinación del valor del inmueble y la fijación del canon de

arrendamiento.

relación con la vida útil del inmueble, de acuerdo a su uso, calidad, condiciones

de mantenimiento y estado de conservación.

que incluya la refacción de la estructura, ésta deberá tener una cuantía económica

de dicha obra superior al ochenta por ciento (80%), que supondría realizar la

construcción del inmueble en su totalidad, en la actualidad y que, además, sus

características constructivas permitan suponer que en uso, función y condiciones

de construcción se ha alcanzado una situación equivalente a su primer estado de

vida. Para el cálculo del porcentaje de depreciación del inmueble, se tomará en

cuenta, a los fines de la antigüedad del inmueble, la fecha a partir de la

rehabilitación integral del mismo.

indicados en el artículo 1 de la presente Ley, estará basada en una banda entre el

tres por ciento (3%) y el cinco por ciento (5%) de rentabilidad anual sobre el

valor del inmueble determinable según el tipo de arrendador, el cual será fijado

anualmente a través de resolución de la Superintendencia Nacional de

Arrendamiento de Vivienda.

El Ejecutivo Nacional podrá modificar los porcentajes de rentabilidad

establecidos en este artículo, cuando así lo determinen razones de interés público

9

o social.

los artículos precedentes, se debe aplicar la siguiente fórmula:

CA = (VI/12) x %RA

En donde:

1. CA = valor del canon de arrendamiento.

2. VI = valor del inmueble, de acuerdo a lo establecido en el artículo 73 de la

presente Ley.

3. % RA= el porcentaje de rentabilidad anual de acuerdo a lo establecido en el

artículo 77 de la presente Ley.

solicitud escrita, o de oficio. En el caso que sea de oficio, la Superintendencia

Nacional de Arrendamiento de Vivienda ordenará la apertura del procedimiento y

notificará a las partes cuyos derechos subjetivos o intereses legítimos, personales

y directos pudieren resultar afectados.

arrendamiento, la Superintendencia Nacional de Arrendamiento de Vivienda la

admitirá dentro de los tres días hábiles siguientes, si cumple con todos los

requisitos establecidos en el artículo 81 de la presente Ley; si la solicitud

presentare defectos u omisiones se notificará al interesado para que las mismas

sean subsanadas o corregidas dentro de los quince días calendarios siguientes,

contados a partir de su notificación, sin perjuicio que el interesado presente una

nueva solicitud. Si los defectos u omisiones fueren subsanadas, se le dará curso a

la solicitud. La decisión que niegue la admisión de la solicitud, deberá ser

motivada y contra ella se podrá interponer el recurso contencioso administrativo

correspondiente, dentro de los sesenta días calendario siguientes a la notificación

del acto administrativo denegatorio.

0

1. El órgano al cual está dirigido.

2. La identificación del interesado y, en su caso, de la persona que actúe como

su representante con expresión de los nombres y apellidos, domicilio,

nacionalidad, estado civil, profesión y número de la cédula de identidad o

pasaporte.

3. La dirección del lugar donde se harán las notificaciones pertinentes.

4. Los hechos, razones y pedimentos correspondientes, expresando con toda

claridad la materia objeto de la solicitud.

5. Referencia a los anexos que lo acompañan, si tal es el caso.

6. Datos del inmueble.

7. Cualesquiera otras circunstancias que exijan las normas legales o

reglamentarias.

8. La firma de los interesados.

le da inicio a la fijación del canon correspondiente; a tal efecto, la

Superintendencia Nacional de Arrendamiento de Vivienda, en un lapso de veinte

días calendario, deberá determinar el valor del canon cumpliendo con lo indicado

en los artículos de la presente Ley.

Cuando se solicite la fijación del canon de arrendamiento de una porción de un

inmueble, cuyo valor hubiere sido determinado por la Superintendencia Nacional

de Arrendamiento de Vivienda en fecha no anterior de un año a la solicitud, no se

procederá a una nueva determinación del valor, sino que se aplicará sobre la

parte proporcional que corresponda a la porción cuya regulación se solicite.

regulación por la ley, serán revisados por la Superintendencia Nacional de

Arrendamiento de Vivienda, a instancia de cualesquiera de los interesados en los

casos siguientes:

1. Cuando hubiere transcurrido un año después de cada fijación del canon de

arrendamiento máximo mensual, efectuada y notificada a los interesados por

1

el órgano administrativo o jurisdiccional competente.

2. Cuando se cambie, total o parcialmente, el uso o destino para el cual fue

arrendado el inmueble.

3. Cuando el arrendador haya ejecutado en el inmueble, dentro del plazo

indicado en el numeral 1 del presente artículo, mejoras cuyo costo excedan

del veinte por ciento (20%) del valor del inmueble.

En el caso contemplado en el numeral 1 de este artículo, los interesados podrán

pedir la revisión hasta con sesenta días de anticipación al vencimiento del

término fijado en dicho numeral.

La Superintendencia Nacional de Arrendamiento de Vivienda, a los fines de

mantener el equilibrio económico de las relaciones arrendaticias, cuando ningún

interesado solicitare la regulación, podrá de oficio iniciar el procedimiento

correspondiente, instruir y decidir los casos que a su juicio considere necesarios,

a costa del propietario y sin perjuicio de la aplicación de las sanciones a que

hubiere lugar.

en la construcción de viviendas, las empresas constructoras de desarrollos

habitacionales de más de diez inmuebles, deberán destinar un porcentaje de esas

viviendas para el arrendamiento. Ese porcentaje será fijado mediante resolución

del Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de vivienda y

hábitat.

Las viviendas indicadas en este artículo, deberán cumplir con las mismas

características y especificaciones técnicas.

la construcción de viviendas, notificar e informar al Ministerio del Poder Popular

con competencia en materia de vivienda y hábitat, y a la alcaldía

correspondiente, la cantidad de viviendas a construir, así como determinar el

tiempo estipulado para la construcción de las mismas.

2

Queda expresamente establecido que sin la carta aval del Ministerio del Poder

Popular con competencia en materia de vivienda y hábitat, no podrá dar inicio a

la obra.

materia de vivienda y hábitat, designar los inmuebles a arrendar en los

desarrollos habitacionales indicados en el artículo 84 de la presente Ley.

La designación de los inmuebles indicados en el presente artículo, debe

realizarse en el marco de las prioridades sociales establecidas por el Ministerio

del Poder Popular con competencia en materia de vivienda y hábitat.

arrendamiento de las unidades habitacionales a ser arrendadas, serán los que

determine el Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de

vivienda y hábitat.

84 de la presente Ley, se garantiza que el arrendatario o arrendataria y su grupo

familiar, no pasen más de diez años en condición de arrendatario o arrendataria.

Por lo tanto, al cumplir diez años de construcción, los propietarios tendrán el

compromiso de ofertar la venta al arrendatario o arrendataria que esté ocupando

el inmueble, y el precio de venta será el que se determine conforme lo establezca

la Superintendencia Nacional de Arrendamiento de Vivienda.

al vencimiento del plazo del contrato de arrendamiento sobre inmuebles

destinados a vivienda, el arrendatario o arrendataria tendrá derecho preferente a

seguir ocupando el inmueble en las mismas condiciones, con preferencia a

cualquier tercero que pretenda arrendar el inmueble; siempre y cuando esté

solvente en el pago de los cánones de arrendamiento y haya cumplido con las

demás obligaciones derivadas del contrato y de las leyes. Lo referente al canon

3

de arrendamiento seguirá por lo establecido en la presente Ley.

El arrendador que incumpla esta disposición estará obligado a indemnizar al

arrendatario o arrendataria con el equivalente al valor de cien Unidades

Tributarias (100 U.T.) por cada mes que permanezca de forma indebida fuera de

la vivienda.

de la presente Ley, será potestativo para el arrendatario o arrendataria y de

obligatorio cumplimiento para el arrendador; a tal efecto, el arrendatario o

arrendataria que no desee disfrutar de este derecho, deberá manifestar su

voluntad al arrendador mediante documento auténtico, con por lo menos treinta

días antes del vencimiento del contrato, el cual deberá presentar ante la

Superintendencia Nacional de Arrendamiento de Vivienda.

arrendamiento, cuando la acción se fundamente en cualquiera de las siguientes

causales:

1. En inmuebles destinados a vivienda, que el arrendatario o arrendataria haya

dejado de pagar cuatro cánones de arrendamiento sin causa justificada, de

acuerdo a los criterios definidos por la Superintendencia Nacional de

Arrendamiento de Vivienda, para tal fin.

2. En la necesidad justificada que tenga el propietario o propietaria de ocupar el

inmueble, o alguno de sus parientes consanguíneos hasta del segundo grado.

3. En el hecho que el arrendatario o arrendataria haya destinado el inmueble a

usos deshonestos, indebidos o en contravención a la conformidad de uso

concedida por las autoridades municipales, la comuna o el consejo comunal

respectivos, o por el hecho de que el arrendatario o arrendataria haya

cambiado el uso o destino que para el previó.

4. Que el arrendatario o arrendataria haya ocasionado al inmueble deterioros

mayores que los provenientes del uso normal del inmueble, o efectuado

reformas no autorizadas por el arrendador.

5. Que el arrendatario o arrendataria haya incurrido en la violación o

4

incumplimiento de las disposiciones de la normativa que regule la

convivencia ciudadana, dictada por las autoridades competentes y por el

Comité Multifamiliar de Gestión.

arrendador deberá demostrarlo por medio de prueba contundente ante la

autoridad administrativa y judicial. Comprobada la filiación, declarará que el

inmueble no será destinado al arrendamiento por un período de tres años. El

arrendador notificará al arrendatario o arrendataria con por lo menos noventa

días continuos a la finalización del contrato. En caso de contravención será

sancionado según lo establecido en la presente Ley, teniendo que restituir al

arrendatario o arrendataria en el inmueble.

Queda a salvo el ejercicio de las acciones judiciales que correspondan por otras

causales distintas a las previstas en el presente artículo, o en el derecho común.

la primera causal del artículo anterior, y que luego de agotada la vía

administrativa y la judicial se determine que la causa de la falta de pago es

enteramente imputable al arrendatario o arrendataria, perderá en forma inmediata

todos los derechos consagrados en esta Ley.

La demanda se hará conforme a lo establecido en la presente Ley, a tal efecto,

probada la insolvencia del arrendatario o arrendataria, éste o ésta podrá llegar a

una conciliación con el propietario o arrendador, mediante acta suscrita ante el

órgano administrativo competente. Dicho pago no se tendrá como extemporáneo.

por los órganos competentes la inhabitabilidad del inmueble, la autoridad a la

cual corresponda la ejecución deberá remitir de manera urgente a la

Superintendencia Nacional de Arrendamiento de Vivienda, la solicitud de

ubicación del afectado o afectada y su familia en un refugio temporal, en una

vivienda temporal o en una vivienda digna definitiva.

5

un contrato de arrendamiento, reintegro de sobrealquileres, preferencia ofertiva,

retracto legal arrendaticio y demás acciones derivadas de relaciones arrendaticias

sobre inmuebles destinados a vivienda, así como a todo proceso en el cual

pudiera resultar una decisión judicial cuya práctica material comporte la pérdida

de la posesión o tenencia de un inmueble destinado a vivienda, habitación o

pensión, el arrendador del inmueble que pretendiere la demanda deberá tramitar,

por ante la Superintendencia Nacional de Arrendamiento de Vivienda, el

procedimiento descrito en los artículos subsiguientes.

motivada y documentada, por ante la Superintendencia Nacional de

Arrendamiento de Vivienda, en la cual expondrá los motivos que le asisten para

solicitar la restitución de la situación jurídica afectada.

resolución de un contrato de arrendamiento, preferencia ofertiva, retracto legal

arrendaticio y demás acciones derivadas de relaciones arrendaticias; el

procedimiento administrativo que será aplicado es el establecido en el

Decreto Nº 8.190 con Rango, Valor y Fuerza de Ley Contra el Desalojo y la

Desocupación Arbitraria de Viviendas, descrito en los artículos 7 al 10.

capítulo anterior, optare por acudir a los órganos jurisdiccionales, el juez o jueza

competente se asegurará de que el demandado cuente con asistencia o

representación jurídica durante todo el proceso. Si dicho sujeto manifestare la

imposibilidad de proveérsela por medios propios, el juez o jueza suspenderá el

proceso a los fines de la notificación a la Defensa Pública, para que se designe

un defensor o defensora, el cual comparecerá al quinto día de despacho al que se

6

deje constancia en autos de su notificación; de igual forma procederá cuando el

defensor designado o defensora designada deba ser sustituido o sustituida.

de arrendamiento, reintegro de sobrealquileres, preferencia ofertiva, preferencia

arrendaticia, retracto legal arrendaticio, arrendamientos ilícitos y cualquier otra

acción derivada de una relación arrendaticia sobre inmuebles destinados a

vivienda, habitación o pensión, se sustanciarán y sentenciarán conforme a las

disposiciones establecidas en el procedimiento oral contenido en la presente Ley,

independientemente de su cuantía, y supletoriamente se aplicarán las

disposiciones relativas al juicio oral establecidas en el Código de Procedimiento

Civil.

consecuencia los principios procesales de brevedad, celeridad, economía,

gratuidad, publicidad, concentración, inmediación, oralidad y valoración

probatoria según la sana crítica, serán de aplicación preferente en su desarrollo.

los requisitos exigidos en el Código de Procedimiento Civil para el juicio

ordinario. Al libelo se deben acompañar todas las pruebas documentales de que

se disponga, así como indicar si se presentarán oportunamente testimoniales que

participarán en el proceso. Las pruebas podrán promoverse con el libelo y hasta

el lapso probatorio.

dentro de los tres días de despacho siguientes a la recepción del libelo y sus

recaudos. En el auto de admisión, el Tribunal señalará a la parte actora los vicios

de forma que pudiere detectar y ordenará sus correcciones, los cuales deberán ser

subsanados dentro de los tres días de despacho siguientes; una vez realizadas las

mismas, fijará el día y la hora de la audiencia de mediación, la cual se celebrará

al quinto día de despacho siguiente, contado a partir de la fecha en que conste en

autos la citación del demandado, concediendo el término de la distancia si fuere

el caso.

La audiencia será oral, pública y presidida por el juez o jueza, con la asistencia

7

obligatoria de las partes o sus apoderados o apoderadas. De cada audiencia se

levantará un acta en la cual deberá constar lo ocurrido, conforme a las

previsiones contenidas en el artículo 189 del Código de Procedimiento Civil.

litisconsorcio activo o pasivo, las partes o en su defecto el juez o

jueza, nombrará una representación no mayor de dos personas por litisconsorcio,

a los fines de mediar y conciliar las posiciones de las mismas.

personalmente por el juez o jueza, con la asistencia obligatoria de las partes o sus

apoderados o apoderadas. Esta audiencia tendrá como finalidad mediar y

conciliar las posiciones de las partes, tratando con la mayor diligencia que éstas

pongan fin a la controversia, a través de los medios de autocomposición

procesal.

El juez o jueza dará por concluido el proceso, mediante sentencia en forma oral

que dictará de inmediato, homologando el acuerdo el cual reducirá en acta

motivada y tendrá efecto de cosa juzgada.

Las opiniones que emita el juez o jueza en la audiencia de mediación, no podrán

ser consideradas como causales de recusación.

agotar el debate, pudiendo fijar hasta dos nuevas audiencias dentro de los quince

días continuos siguientes, contados a partir de la celebración de la primera

audiencia.

La no comparecencia de cualquiera de las partes a las audiencias

complementarias, producirá los mismos efectos señalados para la no

comparecencia a la audiencia de mediación.

8

considerará desistido el procedimiento, terminando el proceso mediante

sentencia oral que se reducirá en un acta motivada, la cual deberá publicarse en

la misma fecha. Contra esta decisión el demandante podrá, dentro de los cinco

días de despacho siguientes, apelar por ante el Tribunal que conoce de la causa;

el recurso se oirá en ambos efectos. La no comparecencia del demandado a la

audiencia de mediación no causará efecto alguno, continuando el proceso con la

contestación de la demanda. El desistimiento del procedimiento solamente

extingue la instancia, pero el demandante no podrá volver a proponer la demanda

antes que transcurran noventa días continuos, contados a partir de la fecha en que

la sentencia haya quedado definitivamente firme.

siguiente al recibo del expediente, para la realización de la audiencia con la

presencia de las partes, quienes podrán presentar las pruebas admisibles en esta

instancia y decidirá en esa misma oportunidad. Contra esta decisión, no se oirá

recurso alguno.

un acuerdo, el demandado deberá, dentro de los diez días de despacho siguientes,

dar contestación a la demanda determinando con claridad cuáles de los hechos

invocados en la demanda admite como ciertos y cuales niega o rechaza,

expresando así mismo los hechos o fundamentos de su defensa, así como

promover las cuestiones previas, excepciones, defensas perentorias, intervención

de terceros y la pretensión de reconvención.

A la contestación, se deberá acompañar toda la prueba documental de que se

disponga, a menos que se trate de hechos que consten en documentos que se

hallen en entes públicos y se haya indicado la oficina o el lugar donde se

encuentran y los datos referenciales de que disponga, así como indicar si

presentará prueba testimonial que rendirá declaración en la audiencia de juicio,

la cual puede promoverse con el escrito de contestación y hasta el lapso de

promoción de pruebas establecido en este procedimiento; en todo caso se

evacuarán en la audiencia de juicio.

plazos establecidos en el artículo anterior, no promoviera pruebas y la acción no

fuera contraria a derecho, se aplicarán los efectos establecidos en el artículo 362

9

del Código de Procedimiento Civil; el Tribunal procederá a sentenciar la causa

dentro de los cinco días de despacho siguientes, ateniéndose a la confesión

presunta.

El demandado podrá promover las pruebas que le favorezcan, en el plazo de

ocho días de despacho siguientes a la oportunidad de la contestación omitida, en

caso de promoverse pruebas, las mismas se evacuarán en el lapso probatorio

establecido en este procedimiento.

conjuntamente todas las cuestiones previas que considere pertinentes,

establecidas en el artículo 346 del Código de Procedimiento Civil, las cuales

serán decididas y sustanciadas conforme al procedimiento establecido en el

Capítulo III, Título I del Libro II del Código de Procedimiento Civil.

De ejercer las partes el recurso de regulación de la jurisdicción o de la

competencia contra la decisión que se haya pronunciado sobre las mismas, se

tramitarán en cuaderno separado y el proceso continuará su curso hasta llegar al

estado de sentencia, en cuyo estado se suspenderá hasta que conste en autos la

decisión del recurso interpuesto.

proponer reconvención, siempre que el Tribunal sea competente por la materia,

por la cuantía y el procedimiento sea compatible. El juez o jueza se pronunciará

sobre la admisión de la reconvención el mismo día de haberse propuesto o al día

de despacho siguiente. Admitida la reconvención, la contestación tendrá lugar

dentro de los diez días de despacho siguientes. No se admitirá la promoción de

cuestiones previas, salvo las establecidas en los ordinales 9, 10 y 11 del artículo

346 del Código de Procedimiento Civil, las que se decidirán en la sentencia de

fondo.

Contra la negativa de la admisión de la reconvención se oirá el recurso de

apelación en un solo efecto, independientemente de su cuantía.

proceso, el juez o jueza admitirá o negará la tercería dentro de los tres días de

despacho siguientes. Cuando el juez o jueza admita la tercería, suspenderá la

causa principal por un período de treinta días continuos. Vencido dicho lapso, sin

0

haberse logrado la citación del tercero, la causa continuará su curso. En el auto

de admisión se fijará el segundo día de despacho siguiente a la constancia en

autos de la citación del tercero, para que éste de contestación a la cita propuesta.

En los demás casos de intervención voluntaria de terceros a que se refieren los

numerales 1, 2 y 3 del artículo 370 del Código de Procedimiento Civil, el

Tribunal sólo admitirá las tercerías si éstas fueren propuestas antes del

vencimiento del lapso de promoción de pruebas.

Contra la negativa de admisión de la tercería no se admitirá recurso alguno.

reconvención si fuere el caso, dentro de los tres días de despacho siguientes, el

juez o jueza dictará un auto fijando los puntos controvertidos y abrirá un lapso de

ocho días de despacho para la promoción de pruebas, tres días de despacho para

la oposición y tres días de despacho para la admisión de pruebas.

Si las partes promovieren pruebas de inspección judicial, experticias, informes

de terceros, pruebas científicas y pruebas libres, el juez o jueza establecerá un

lapso para la evacuación de las mismas no mayor de treinta días de despacho. El

juez o jueza podrá, por causa justificada, prorrogar por una sola vez el lapso de

evacuación de la experticia por un plazo de tres días de despacho.

En el caso de que se trate únicamente de la promoción de pruebas documentales,

el lapso de evacuación se reducirá a diez días de despacho.

documentales o testimoniales sobrevenidas a la interposición de la demanda o su

contestación, según el caso, deberá justificar ante el juez o jueza la pertinencia,

legalidad y motivos por los cuales no lo hizo en su debida oportunidad. El juez o

jueza se pronunciará de inmediato sobre la solicitud y, en caso de considerarlas

admisibles, establecerá el momento de su evacuación y las valorará en la

oportunidad de ley.

1

promoción de prueba, el juez o jueza fijará por auto expreso, el día y la hora para

la celebración de la audiencia de juicio, la cual deberá efectuarse dentro de un

plazo no mayor a cinco días de despacho. El juez o jueza exigirá la presencia de

los peritos de ser necesario.

juicio, deberán concurrir las partes o sus apoderados o apoderadas, quienes

expondrán oralmente los alegatos contenidos en la demanda y en su

contestación, y no podrá ya admitirse la alegación de nuevos hechos. Si ninguna

de las partes compareciere a la audiencia, el proceso se extinguirá y así lo hará

constar el juez o jueza, en acta que inmediatamente levantará al efecto.

y se evacuarán las pruebas que le hayan sido admitidas, pero no se evacuarán las

pruebas de la parte ausente, sin perjuicio de que la parte presente solicite la

evacuación o valoración de una prueba conforme al principio de la comunidad de

la prueba.

de la acción; en este caso, el juez o jueza dictará un auto en forma oral, el cual

reducirá en un acta motivada que se agregará al expediente. Contra ésta decisión

podrá el demandante apelar en ambos efectos, por ante el Tribunal que conoce de

la causa dentro de los tres días de despacho siguientes.

Si fuere el demandado quien no compareciere a la audiencia de juicio, se tendrá

por confeso con relación a los hechos planteados por la parte actora, en cuanto

sea procedente en derecho la petición del demandante, sentenciando la causa en

forma oral con base a dicha confesión; sentencia que será reducida en forma

escrita, en la misma audiencia de juicio. El demandado podrá apelar la decisión

en ambos efectos, dentro del lapso de tres días de despacho siguientes, contados

a partir de la publicación del fallo.

En las situaciones anteriormente referidas, serán consideradas como causas

justificadas de la incomparecencia de las partes el caso fortuito o fuerza mayor,

comprobable a criterio del Tribunal.

En los casos de apelación, el Tribunal Superior respectivo decidirá sobre la

2

misma, en forma oral e inmediata, previa audiencia de parte, en un lapso no

mayor de cinco días de despacho siguientes a partir del recibo del expediente.

Siempre que sea admisible el recurso de casación contra dichas decisiones,

independientemente de la cuantía.

todas las facultades disciplinarias para asegurar su mejor celebración.

Oídos los alegatos de las partes, se evacuarán las pruebas en la forma que

determine el juez o jueza, comenzando con las del demandante. En la audiencia

de juicio no se permitirá a las partes la presentación ni la lectura de escritos,

salvo que se trate de alguna prueba existente en autos, a cuyo tenor deba referirse

la exposición oral.

En este acto, las partes presentarán los testigos que hubieren promovido con el

libelo o la contestación de la demanda, o hasta el lapso de promoción de prueba,

éstos deberán comparecer sin necesidad de notificación, a menos que el

promovente la solicite expresamente. Los testigos y los peritos podrán ser

interrogados por las partes y por el juez o jueza.

Si solamente concurre una de las partes, se oirá su exposición oral y se evacuarán

las pruebas que le hayan sido admitidas, pero no se evacuarán las pruebas de la

parte ausente, sin perjuicio de que la parte presente solicite la evacuación o

valoración de una prueba conforme al principio de la comunidad de la prueba.

concederá a la parte contraria un tiempo breve, para que dentro de la misma

audiencia formule las observaciones que considere oportunas.

El juez o jueza podrá ordenar la evacuación de cualquier otra prueba que

considere necesaria para el mejor esclarecimiento de la verdad; también podrá

dar por terminados los actos de examen de testigos e interrogatorio a los peritos

cuando los considere inoficiosos o impertinentes.

El juez o jueza valorará las pruebas atendiendo al principio de la sana crítica.

Una vez vencidas las horas de despacho sin que hubiese terminado el debate, el

juez o jueza podrá diferir en una sola oportunidad la audiencia de juicio, la cual

se celebrará al día de despacho siguiente.

3

que no excederá de sesenta minutos. Mientras tanto, las partes permanecerán en

la sala de audiencias.

De regreso a la sala, el juez o jueza pronunciará su sentencia oralmente,

expresando el dispositivo del fallo y una síntesis precisa y breve de los motivos

de hecho y de derecho, la cual reducirá de inmediato en un acta, expresando su

dispositiva.

El pronunciamiento de la sentencia podrá diferirse por una sola vez, para el día

de despacho siguiente, por causa grave, sobre la cual el juez o jueza hará

declaración expresa en el auto de diferimiento.

pronunciamiento oral de la sentencia, el juez o jueza deberá en su publicación

reproducir por escrito el fallo completo, el cual se agregará al expediente dejando

constancia el secretario o secretaria del día y hora de la publicación. El fallo será

redactado en términos precisos y breves, sin necesidad de narrativa,

transcripciones de actas o documentos que consten en el expediente; pero

contendrá la identificación de las partes y sus apoderados o apoderadas, los

motivos de hecho y de derecho de la decisión, así como la determinación del

objeto o la cosa sobre la cual recaiga la decisión; pudiendo ordenar, si fuere

necesario, experticia complementaria del fallo realizada por un solo perito

designado por el Tribunal.

audiovisual, de conformidad a las previsiones contenidas en el artículo 189 del

Código de Procedimiento Civil, debiendo el juez o jueza remitir, junto con el

expediente, la cinta o medio electrónico de reproducción para el conocimiento

del Tribunal Superior o del Tribunal Supremo de Justicia.

Ante la imposibilidad de la reproducción audiovisual de la audiencia, ésta podrá

realizarse sin estos medios, dejando el juez o jueza constancia de esta

circunstancia en el acta de la audiencia de juicio contentiva de la dispositiva.

4

independiente de su cuantía; debiendo ser propuesta dentro de los cinco días de

despacho siguientes a la publicación del fallo.

Oída la apelación, el Tribunal Superior dará entrada al expediente y fijará la

audiencia oral para el tercer día de despacho siguiente, en el cual se dictará la

sentencia definitiva.

Contra la decisión del Tribunal Superior se podrá anunciar recurso de casación,

dentro de los cinco días de despacho siguientes a la publicación del fallo, y

siempre que por la cuantía de la demanda esta sea recurrible.

Si solamente concurre una de las partes, se oirá su exposición oral y se evacuarán

las pruebas que le hayan sido admitidas, pero no se evacuarán las pruebas de la

parte ausente, sin perjuicio de que la parte presente solicite la evacuación o

valoración de una prueba conforme al principio de la comunidad de la prueba.

con los extremos establecidos en el Código del Procedimiento Civil.

Ley, quedará sujeto a reintegro al arrendatario, arrendataria o arrendador todo

cuanto se cobre en exceso del canon máximo establecido por la Superintendencia

Nacional de Arrendamiento de Vivienda, o lo cobrado por arrendamientos

ilícitos, en contraposición de las leyes y decretos existentes en la materia.

conforme al artículo precedente, corresponderá al arrendador o al responsable del

cobro de los sobrealquileres, siendo solidariamente responsable ambos, no

importando que tipo de relaciones jurídicas existan entre ellos; sin perjuicio de la

aplicación de las sanciones establecidas en esta Ley.

5

refiere este Título, se intentarán y tramitarán conforme a las formalidades y

procedimientos contenidos en la presente Ley.

sobrealquileres prescribe a los diez años, contados a partir de la fecha en que

haya quedado definitivamente firme la última fijación del canon de

arrendamiento máximo mensual efectuada al referido inmueble, por la

Superintendencia Nacional de Arrendamiento de Vivienda.

con los cánones de arrendamiento a solicitud del arrendatario o arrendataria y se

considerará a éste o ésta en estado de solvencia, cuando el importe de tal

reintegro, establecido mediante acto administrativo o sentencia definitivamente

firme, sea igual o superior a lo que le corresponda pagar por concepto de cánones

de arrendamiento.

Las cantidades a reintegrar serán objeto de intereses calculados a la tasa pasiva

promedio de los seis principales entes financieros, durante la vigencia de la

relación arrendaticia de los últimos seis meses, conforme a la información que

suministre el Banco Central de Venezuela.

otras modalidades, que intenten desvirtuar el canon de arrendamiento establecido

por la Superintendencia Nacional de Arrendamiento de Vivienda. La violación de

las disposiciones de este capítulo será sancionada de conformidad con lo previsto

en esta Ley.

6

preferencia ofertiva es el derecho que corresponde al arrendatario o arrendataria

que lo ocupa, para que se le ofrezca en venta en primer lugar y con preferencia a

cualquier tercero.

Sólo será acreedor o acreedora a la preferencia ofertiva el arrendatario o

arrendataria que se encuentre solvente en el pago de los cánones de

arrendamiento.

oferta, el propietario deberá informar al arrendatario o arrendataria que ocupe el

inmueble, mediante documento auténtico, su voluntad de venderle el inmueble

expresándole su derecho de preferencia.

Dicha comunicación deberá indicar:

1. Precio no mayor al determinado como el valor del inmueble que se fijó en el

cálculo del justo valor, establecido en la presente Ley para la fecha de la

oferta, debiendo anexar copia de la resolución respectiva emitida por la

Superintendencia Nacional de Arrendamiento de Vivienda.

2. Condiciones de venta.

3. Modalidades de negociación.

4. Dirección donde será recibida válidamente la respuesta.

5. Documento de propiedad del inmueble.

6. Documento de condominio o propiedad colectiva familiar o multifamiliar,

donde se demuestre el estado del inmueble a vender.

7. Certificación de Gravamen.

Esta notificación deberá ser entregada personal e inexcusablemente al

arrendatario o arrendataria que ocupa el inmueble, de lo contrario no surtirá

efecto legal alguno.

exigir el pago de contado, ni se podrá establecer un plazo menor de un año a los

efectos de la obtención del crédito hipotecario, tampoco será exigible la entrega

7

de arras o cualquier otro valor imputable, o no, al precio definitivo de la

compraventa como garantía del cumplimiento de la obligación.

En los contratos de opción de compraventa no se podrá colocar cláusula alguna

que contemple la posibilidad de resolución unilateral por parte del propietario

oferente.

o arrendataria que ocupa el inmueble deberá notificar por escrito al oferente,

dentro de los noventa días calendario siguientes al ofrecimiento, su aceptación o

rechazo.

Transcurrido este lapso sin que el arrendatario o arrendataria hubiere aceptado el

ofrecimiento, el propietario quedará en libertad de dar en venta el inmueble a

terceros, bajo las mismas condiciones y modalidades del ofrecimiento de venta.

contestación al ofrecimiento de venta, sin que se hubiese efectuado la venta a

terceros, quedará sin efecto dicho ofrecimiento, debiendo en consecuencia,

cursar una nueva oferta al arrendatario o arrendataria para cualquier otra

negociación que se pretendiere celebrar.

Toda venta a un tercero de la vivienda alquilada, sin la debida notificación al

arrendatario o arrendataria, a fin de que ejerza el derecho a la preferencia

ofertiva, será nula y no será necesario ejercer la acción judicial de nulidad.

ofrecimiento de venta en nombre del propietario, deberá acreditarse como

apoderado o apoderada mediante documento auténtico, con la fe de vida del

poderdante actualizada para la fecha de presentación. En caso de ser persona

jurídica, presentar el acta constitutiva de la empresa, última acta de asamblea

donde se haga la mención del otorgamiento del poder y última declaración del

Impuesto Sobre la Renta. Además de determinar con precisión las condiciones

establecidas para la negociación, según lo establece la presente Ley.

descuento en el precio estipulado para la venta de acuerdo a las siguientes

8

condiciones:

1. Cuando exista una relación arrendaticia de entre diez años y veinte años, un

descuento equivalente al diez por ciento (10%).

2. Cuando exista una relación arrendaticia entre veintiún años y treinta años, un

descuento equivalente al quince por ciento (15%).

3. Cuando exista una relación arrendaticia entre treinta y un años y cuarenta

años, un descuento equivalente al veinte por ciento (20%).

4. Cuando exista una relación arrendaticia superior a cuarenta y un años, un

descuento equivalente al veinticinco por ciento (25%).

El propietario que por la necesidad del arrendatario o arrendataria haga caso

omiso a lo dispuesto en el presente artículo, será sancionado de acuerdo a la

presente Ley.

arrendatarios o arrendatarias de subrogarse, en las mismas condiciones

estipuladas en el instrumento traslativo de la propiedad, en el lugar de quien

adquiere el inmueble arrendado por venta o por cualquier otro tipo de

transferencia de la propiedad del inmueble que esté en arrendamiento. Para

ejercer este derecho, los arrendatarios y arrendatarias deberán cumplir con los

requisitos establecidos en el artículo 136 de la presente Ley, según sea el caso.

ser ejercido por los arrendatarios o arrendatarias dentro del plazo de ciento

ochenta días hábiles, contados a partir de la fecha de la notificación cierta, que

de la negociación celebrada deberá hacerles el adquiriente mediante documento

público. A dicha notificación, deberá anexarse necesariamente copia certificada

del documento contentivo de la negociación, la cual quedará en poder de los

notificados.

retracto previsto en el artículo 138 de la presente Ley, cuando ocurra cualquiera

9

de los siguientes supuestos:

1. Cuando deje de cumplirse alguno de los requisitos establecidos en el artículo

132 de la presente Ley.

2. Efectuada la venta a un tercero, su precio resultare inferior al ofertado, o sus

condiciones fueren más favorables que las ofrecidas inicialmente a los

arrendatarios o arrendatarias.

Superintendencia Nacional de Arrendamiento de Vivienda en los siguientes casos

y de la siguiente forma:

1. Por el incumplimiento de lo indicado en el artículo 12 de la presente Ley, con

una multa de cuatrocientas Unidades Tributarias (400 U.T.).

2. Por el incumplimiento de lo indicado en el artículo 14 de la presente Ley, con

una multa de cuatrocientas Unidades Tributarias (400 U.T.).

3. Por el incumplimiento de lo indicado en el artículo 15 de la presente Ley, con

una multa de cuatrocientas Unidades Tributarias (400 U.T.).

4. Por el incumplimiento de lo indicado en el artículo 24 de la presente Ley, con

una multa de cuatrocientas Unidades Tributarias (400 U.T.).

5. Por el incumplimiento de lo indicado en el artículo 36 de la presente Ley, con

una multa de cien Unidades Tributarias (100 U.T.)

6. Por el incumplimiento de lo indicado en el artículo 39 de la presente Ley, con

una multa de cien Unidades Tributarias (100 U.T.)

7. Por el incumplimiento de lo indicado en el artículo 41 de la presente Ley, con

una multa de cuatrocientas Unidades Tributarias (400 U.T.)

8. Por el incumplimiento de lo indicado en el artículo 44 de la presente Ley, con

una multa de cuatrocientas Unidades Tributarias (400 U.T.)

9. Por el incumplimiento de lo indicado en el artículo 46 de la presente Ley, con

una multa de cincuenta Unidades Tributarias (50 U.T.)

10.Por el incumplimiento de lo indicado en el artículo 47 de la presente Ley, con

0

una multa de cien Unidades Tributarias (100 U.T.).

11.Por el incumplimiento de lo indicado en el artículo 53 de la presente Ley, con

una multa de cincuenta Unidades Tributarias (50 U.T.).

12.Por el incumplimiento de lo indicado en el artículo 54 de la presente Ley, con

una multa de cuatrocientas Unidades Tributarias (400 U.T.).

13.Por el incumplimiento de lo indicado en el artículo 58 de la presente Ley, con

una multa de cien Unidades Tributarias (100 U.T.).

14.Por el incumplimiento de lo indicado en el artículo 91 de la presente Ley, con

una multa de cuatrocientas Unidades Tributarias (400 U.T.)

15.Por el incumplimiento de lo indicado en el artículo 126 de la presente Ley,

con una multa de cincuenta Unidades Tributarias (50 U.T.)

16.Por el incumplimiento de lo indicado en el artículo 130 de la presente Ley,

con una multa de cien Unidades Tributarias (100 U.T.).

17.Por el incumplimiento de lo indicado en el artículo 137 de la presente Ley,

con una multa de cuatrocientas Unidades Tributarias (400 U.T.).

A tal efecto, La Superintendencia Nacional de Arrendamiento de Vivienda

utilizando todos los medios legales a su alcance, investigará los hechos.

El monto de estas multas pasarán a ser parte del Fondo de Protección al Inquilino

o Inquilina y al Pequeño Arrendador.

de un inmueble destinado a vivienda, habitación o pensión, serán sancionados

con una multa de mil Unidades Tributarias (1.000 U.T.).

El monto de estas multas pasarán a ser parte del Fondo de Protección al Inquilino

o Inquilina y al Pequeño Arrendador.

los artículos anteriores, se notificará personalmente al infractor, remitiéndole

copia de ella junto con la correspondiente planilla de liquidación, a fin de que

satisfaga el monto de la multa respectiva en una oficina receptora de fondos

nacionales, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha en la cual se

haga la notificación; estos recursos serán destinados al patrimonio del Fondo de

1

Protección al Inquilino o Inquilina y al Pequeño Arrendador.

Los funcionarios o funcionarias de la Superintendencia Nacional de

Arrendamiento de Vivienda, podrán valerse de las autoridades policiales para

efectuar la notificación a que se refiere el presente artículo.

indicada en el artículo anterior, se seguirá el procedimiento establecido en el

artículo 76 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, así como en

lo dispuesto en la Ley Orgánica de Simplificación de Trámites Administrativos.

infractores el doble de la multa impuesta, y si el infractor reincidiera por tercera

vez en la falta, y éste fuere dueño de más de cinco inmuebles destinados al

arrendamiento de vivienda, la Superintendencia Nacional de Arrendamiento de

Vivienda dará inicio a los trámites pertinentes a fin de expropiar el inmueble o

inmuebles, según sea el caso.

El inmueble o los inmuebles expropiados serán adjudicados a los arrendatarios o

arrendatarias que habiten el mismo al momento de la expropiación.

actuaciones de los funcionarios adscritos o funcionarias adscritas a la

Superintendencia Nacional de Arrendamiento de Vivienda, será sancionado o

sancionada con una multa de cincuenta Unidades Tributarias (50 U.T.)

deberá crear los mecanismos necesarios para la participación popular, con el

propósito que las diferentes manifestaciones de las mismas vigilen la

2

planificación, ejecución y control de la política nacional en materia de

arrendamiento como parte integral de la vivienda y hábitat, que garanticen los

derechos establecidos en la presente Ley.

Nacional de Arrendamiento de Vivienda, en el lugar donde se encuentre el

inmueble, podrán ejercer conciliación entre arrendadores y arrendatarios o

arrendatarias, entre los cuales existan diferencias de índole arrendaticia, siempre

y cuando alguna de las partes involucradas solicite la intervención de estas

organizaciones.

deberá desarrollar programas, políticas de formación, información y capacitación

de los ciudadanos y ciudadanas en materia de arrendamiento de vivienda,

dirigidas a las organizaciones sociales.

continuarán hasta su culminación definitiva por las disposiciones establecidas en

la presente Ley.

plazo de tres meses contados a partir de la entrada en vigencia de la presente

Ley, procederá a elaborar un Registro de Contratos de Arrendamiento sobre

Inmuebles Urbanos y Suburbanos destinados a Vivienda, Habitación, Pensión y

Residencias Estudiantiles. El registro de contratos de arrendamiento, será el

instrumento que permita recabar información relativa a los datos identificativos

del arrendador y arrendatario o arrendataria; cualidad de arrendar de la persona

que arrienda; del canon de arrendamiento; de la existencia de cláusulas penales;

de la duración del contrato; de la fecha del contrato; del tipo de inmueble; de la

ubicación del inmueble y cualquier otro que la Superintendencia considere

pertinente. El registro de contratos será permanente.

destinados a actividades comerciales, oficinas, industriales, profesionales de la

enseñanza y cualquier otro arrendamiento distintos a los especificados en esta

Ley, continuarán rigiéndose por el decreto con Rango Valor y Fuerza de Ley

Nº 427 de Arrendamientos Inmobiliarios, publicado en la Gaceta Oficial de la

República de Venezuela Nº 36.845 de fecha 7 de diciembre de 1999, hasta tanto

se apruebe la ley que regule la materia.

Ley, se hayan celebrado en moneda extranjera, deberán adecuarse a las

formalidades contenidas en la misma en un lapso no mayor de treinta días

continuos.

vivienda en alquiler, por considerarse el arrendamiento de interés social,

colectivo y con fines de utilidad pública, los arrendatarios y arrendatarias que

ocupen viviendas constituidas sobre edificios que tengan veinte años o más

dedicados al arrendamiento, tendrán el derecho a adquirirla, exceptuando del

cumplimiento de la presente disposición a los pequeños arrendadores. A tal

efecto el propietario o arrendador, procederá de acuerdo al capítulo relativo a la

preferencia ofertiva, establecido en este instrumento legal, en un lapso no mayor

de sesenta días a partir de la entrada en vigencia de la presente Ley.

adquisición de estos inmuebles de vieja data, tomando en cuenta el interés

colectivo del país.

Vivienda y Hábitat, de otorgar subsidios a todas aquellas personas de la tercera

edad o discapacitados y discapacitadas para la adquisición de inmuebles de vieja

data.

colectivo, se obliga en todo el territorio nacional a los registros subalternos, a

autenticar de forma gratuita y obligatoria todos los documentos de condominio

de los edificios de vieja data, menores al año 1987. Visto que estos inmuebles

carecen de toda o gran parte de la documentación contenida en el artículo 26 de

la Ley de Propiedad Horizontal; se solicita a los registradores autenticar con la

documentación que exista, condicionando la entrega de todos los recaudos al

registro por el lapso de un año. Si al término de un año esta documentación no se

ha entregado, se dará un año más de prórroga. Si al término del año de prorroga

no se ha entregado la documentación, se suspenderán los efectos del documento

hasta tanto se consigne la documentación necesaria.

sujetos al procedimiento de consignación judicial de pagos, producto de la

relación arrendaticia ante los tribunales de consignación de la República, tendrán

un año a partir de la entrada en vigencia de la presente Ley para adecuar el pago

del canon de arrendamiento, en base a las condiciones establecidas en el artículo

68 de la misma.

Transcurrido el año referido, prescribe la acción de retirar lo consignado por

parte de los titulares de la relación arrendaticia y los recursos que se encuentren

sin reclamo, en las cuentas bancarias destinadas a consignación, serán destinados

por la Superintendencia Nacional de Arrendamiento de Vivienda al Fondo de

Protección al Inquilino o Inquilina y al Pequeño Arrendador.

En los casos de relaciones arrendaticias anteriores a la entrada en vigencia de la

presente Ley, en los cuales el arrendador no comparezca, o no se encuentre

identificado, la Superintendencia Nacional de Arrendamiento de Vivienda y el

arrendatario o arrendataria suscribirán el acuerdo establecido en el artículo 68 y

71 a favor de los herederos del propietario del inmueble, salvo las excepciones

que establezca la ley por concepto de herencia yacente. Los intereses generados

producto del depósito del pago del canon de arrendamiento, serán en función del

Fondo de Protección al Inquilino o Inquilina y al Pequeño Arrendador.

para rendir cuentas y colocar a disposición los bienes en depósitos en materia

inquilinaria de vivienda a la Superintendencia Nacional de Arrendamiento de

Vivienda, para que ésta determine sobre los bienes en resguardo, so pena de la

responsabilidad administrativa, civil y penal correspondiente a la que haya lugar.

Valor y Fuerza de Ley Nº 427 de Arrendamiento Inmobiliario publicado en la

Gaceta Oficial de la República de Venezuela Nº 36.845 de fecha 7 de diciembre

de 1999, destinadas, relacionadas o vinculadas con el arrendamiento inmobiliario

de vivienda.

todas las actuaciones que se realicen con ocasión de la presente Ley.

disposiciones pertinentes contenidas en el Código de Procedimiento Civil.

derecho a la vivienda y a la tierra, cuando éstas satisfagan los fines supremos en

materia de arrendamiento de vivienda, se aplicarán de manera subsidiaria a la

presente Ley.

Dada, firmada y sellada en el Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea

Nacional, en Caracas, a los diez días del mes de noviembre de dos mil once.

Año 201º de la Independencia y 152º de la Federación.

Presidente de la Asamblea Nacional

Primer Vicepresidente

Segunda Vicepresidenta

Secretario

Subsecretario